Ante escasez y carestía de vivienda en NL, preparan Ley que impulsará la adquisición de casas a través de cooperativas

La creciente demanda de vivienda en Nuevo León, el alto costo de la misma, el argumento de que ya no hay espacio en donde seguir construyendo, el crecimiento irregular y desordenado de la Ciudad, los problemas de transporte y la falta de una ley que regule y garantice el acceso a la vivienda como un derecho básico, entre otras razones, llevó a la diputada local Greta Barra a liderar una iniciativa de Ley que permita, facilite y amplíe las posibilidades de adquirir una vivienda.

La iniciativa, que hasta ahora solo es un borrador y que será puesta a consulta con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con organismos estatales y municipales, con expertos y con desarrolladoras, busca, entre otras cosas, regular y fomentar las cooperativas de vivienda, organismos que existen en el país desde los años setenta, pero que no han tenido un desarrollo acelerado.

Las cooperativas de vivienda, a diferencia de las desarrolladoras que construyen casas y apartamentos para su venta con una utilidad de por medio, son agrupaciones u organizaciones de personas que se unen para construir sus propias casas sin la intermediación de una constructora o inmobiliaria. Ellos compran el terreno, el cual es de uso y propiedad colectiva, diseñan sus viviendas de acuerdo a sus necesidades particulares y suman esfuerzos y capacidades individuales para construir sus viviendas. Al final, cada quien es dueño, habita en ella y convive en la comunidad que conformó esa cooperativa.

Las ventajas de este sistema son varias. Las personas adquieren viviendas menos costosas y más acopladas a sus gustos y necesidades, aumenta la posibilidad de poder tener una casa habitación, aportan sus conocimientos a un proyecto en el que todos ponen su trabajo y logran construir una red de ayuda entre ellos.

Después de la Ciudad de México, Nuevo León es el estado donde es más caro comprar vivienda en el país. Según un análisis que dio a conocer a comienzos de este año la dirección general de Análisis Económico y Financiero de Banorte, en el 2024 el metro cuadrado en la entidad se ubicaba en 50 mil 688 pesos frente a, por ejemplo, Tamaulipas, en donde el precio rondaba los 16 mil 774 pesos el metro cuadrado o Querétaro en donde se vendía a 24 mil 375 pesos, mientras que el promedio nacional es de 30 mil 087 pesos el metro cuadrado.

"Será una ley que regule todo el tema de vivienda en el Estado, pero le daremos un impulso a las cooperativas de vivienda porque estas asociaciones, por el componente social y comunitario que tienen, facilitan que las personas puedan tener una casa. Esta regulación nos permitirá generar un piso parejo para que todos, con las condiciones que cree el Estado, podamos acceder a una vivienda digna", dijo Barra durante el panel Cooperativas de vivienda en Nuevo León que realizaron el Departamento de Ciencias Sociales y el Nodo de Economía Social de la Universidad de Monterrey con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, una designación hecha por las Naciones Unidas para impulsar este 2025 como el año en el que se le dé relevancia al papel de las cooperativas en el desarrollo económico y social a nivel mundial.

“Lo que hay en el Estado es la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero no tenemos una Ley de vivienda que ayude a las personas a poder acceder a una vivienda digna, que les garantice ese derecho básico», aclaró.

La congresista de Morena explicó que la Ley contendrá esquemas que faciliten la adquisición de vivienda, pero también se actualizarán mecanismos y disposiciones de ordenamiento urbano, se darán nuevas y diferentes atribuciones para que organismos como el Instituto de la Vivienda de Nuevo León tengan mayor capacidad de acción y se puedan resolver más fácil temas como los relacionados con viviendas abandonadas y en desuso, por ejemplo.

“En Nuevo León, para las personas jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y para la población indígena es muy difícil acceder a una vivienda. Esto indica que, desafortunadamente, este derecho fundamental no está asegurado para estos segmentos de la población, por lo que debe haber una ley que además facilite y entregue las condiciones para que estas personas puedan tener un lugar digno donde vivir”, afirmó Barra.

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